Preguntas Frecuentes

Es el sistema jurídico regulado por la Ley 675 de 2001 que organiza la convivencia y administración de inmuebles divididos en unidades privadas y zonas comunes, como conjuntos residenciales, edificios de apartamentos y centros comerciales. Establece derechos y obligaciones para copropietarios, administradores y consejos de administración.

Todos los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal: conjuntos residenciales, edificios de apartamentos, proyectos de uso mixto y copropiedades comerciales. Aplica a copropietarios, administradores, revisores fiscales, miembros del consejo de administración y cualquier persona que desarrolle actividades dentro de la copropiedad.

El administrador representa legalmente a la copropiedad, ejecuta las decisiones de la asamblea y el consejo, recauda las cuotas de administración, contrata y supervisa el personal, lleva la contabilidad y responde por el manejo de los recursos. También está obligado a convocar las asambleas ordinarias y extraordinarias en los términos de la ley.

La copropiedad puede iniciar un proceso ejecutivo para el cobro de la deuda. Las cuotas de administración prestan mérito ejecutivo, lo que significa que el acta de la asamblea que las aprueba sirve como título para iniciar el cobro judicial. Adicionalmente, el reglamento puede establecer restricciones al uso de zonas comunes para quienes estén en mora.

La asamblea ordinaria debe reunirse al menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año, para aprobar el presupuesto, el informe de gestión y los estados financieros. Las asambleas extraordinarias se convocan cuando las necesidades de la copropiedad lo requieran, y pueden ser convocadas por el administrador, el consejo o un número de copropietarios que represente al menos el 20% de los coeficientes.

Es el proceso mediante el cual la copropiedad verifica, documenta y formaliza la entrega de las zonas comunes por parte del constructor. Incluye la revisión técnica del estado real de las zonas comunes frente a lo prometido en la promesa de compraventa, los planos aprobados y las especificaciones técnicas, así como la gestión jurídica para exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Una vez firmada el acta de entrega sin salvedades técnicas y jurídicas, la capacidad de reclamar al constructor disminuye significativamente. Las garantías legales tienen plazos definidos y, en muchos casos, el constructor puede argumentar que la copropiedad aceptó las condiciones tal como estaban. Documentar los hallazgos antes de la firma es la única forma de preservar el derecho a exigir correcciones o compensaciones.

Se evalúan todas las zonas comunes del proyecto: redes eléctricas, sistemas hidráulicos y sanitarios, estructura, acabados, impermeabilización, equipos comunes (ascensores, bombas, plantas eléctricas), áreas verdes, parqueaderos, vías internas y cualquier espacio de uso común. La evaluación se contrasta con los planos aprobados y las especificaciones pactadas en la promesa de compraventa.

Aún existen mecanismos de reclamación, aunque el proceso es más complejo. Dependiendo del tiempo transcurrido y del tipo de deficiencia, pueden aplicar garantías legales de construcción, acciones de responsabilidad civil o procesos conciliatorios. Le recomendamos contactarnos para evaluar las opciones disponibles en su caso específico.

Principalmente aplica a proyectos en etapa de entrega por parte del constructor, que es cuando el servicio tiene mayor impacto. Sin embargo, también asesoramos copropiedades ya constituidas que detectan deficiencias constructivas y desean evaluar si aún tienen acciones legales vigentes frente al constructor.

Atendemos a nivel nacional. Nuestra sede principal está en Cali, pero prestamos servicios en cualquier ciudad de Colombia. Para proyectos fuera de Cali, coordinamos las visitas técnicas y el acompañamiento jurídico según las necesidades del caso.

Nuestros clientes son principalmente constructoras y urbanizadoras en etapa de entrega, consejos de administración y administradores de copropiedades, copropietarios que necesitan orientación jurídica, revisores fiscales y contadores del sector, y personas naturales o jurídicas que van a adquirir o ya poseen inmuebles en propiedad horizontal.

Depende del tipo de servicio. Una consulta puntual puede resolverse en días. Un proceso de recibo de zonas comunes, desde la revisión documental hasta el acuerdo conciliatorio, puede tomar entre 6 semanas y varios meses según el tamaño del proyecto y la disposición del constructor. Al iniciar cada caso establecemos un cronograma estimado.

Sí. La consulta inicial no tiene costo. En esa reunión evaluamos su situación, le explicamos las opciones disponibles y le presentamos una propuesta de trabajo si el caso lo requiere. Puede contactarnos por el formulario de esta página, por WhatsApp o agendando directamente en nuestro calendario.

Los honorarios se establecen según la complejidad y el alcance de cada caso, y se presentan por escrito antes de iniciar cualquier trabajo. No manejamos tarifas fijas publicadas porque cada copropiedad y cada situación tienen características propias. Lo que sí garantizamos es transparencia total en la propuesta económica desde el primer momento.